La calma aparente

octubre de 2007

MANUEL HERNÁNDEZ

Las paredes hablan, protestan y retratan una realidad silenciosa, a pesar de que las constantes capas de pintura intentan cubrir una herida que no ha sanado. Luego de que Oaxaca se convirtiera en un campo de batalla entre el gobierno de Ulises Ruíz y un diverso número de agrupaciones sociales que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la capital del estado vive un periodo de paz aparente mientras la violencia, el desempleo y una nueva crisis dentro del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) aparecen como una amenaza latente para que se produzca otro conflicto social a tan sólo unos días de que se realicen las elecciones del domingo 7 de octubra, en las que se renovarán 152 alcaldías en todo el estado.

Parece difícil pensar que la capital oaxaqueña fue un campo de batalla hace unos meses. A tan sólo unos días de la elección para presidente municipal, la gente realiza la mayor parte de sus actividades cotidianas de forma apacible, mientras la banda del departamento de policía interpreta algunas melodías en el centro de la plaza principal, a un costado del Palacio de Gobierno. Sin embargo, los edificios de las principales calles del primer cuadro de la ciudad se encuentran tapizados con reclamos y denuncias en contra del régimen de Ulises Ruíz, un claro síntoma de que el descontento social continúa vigente, algo que no han podido ocultas las múltiples capas de pintura que intentan borrar el recuerdo de aquellos días marcados por la violencia.

“El clima que se vive es la criminalización de la protesta, estigmatización de los líderes sociales, terrorismo de estado y amenazas de violencia a través de grupos paramilitares, porros o incluso el narcotráfico. También está creciendo la migración por falta de empleo, además del que ya existía, y un proceso de descomposición de la vida social, con la aparición de pandillerismo. Es una sociedad enferma que corre el riesgo de colapsarse. Es una situación muy grave que continúa en estado latente”, indicó el doctor Víctor Raúl Martínez Vázquez, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, quien agregó que un sector de la sociedad oaxaqueña vive con miedo a la represión oficial mientras se multiplican los problemas administrativos.

“La participación pública y abierta ha disminuido. Después de la represión tan brutal que hubo en noviembre y diciembre del año pasado, hay una calma chicha, un temor de mucha gente que conoció la violencia institucional que trajo la presencia de la PFP y que se ha mantenido con el entrenamiento de las tropas locales y la adquisición de armamento, así como el acoso a muchos de los activistas que participaron en algunos eventos, incluyendo la represión a los defensores de los derechos humanos por delitos inventados. Lo que se dio fue una especie de aplastamiento del movimiento y ahora estamos viviendo sus secuelas. Las causas del movimiento se mantienen vigentes debido al autoritarismo que existe en Oaxaca, ya que vivimos un estado parapoliciaco en el que no sólo no se han podido resolver los problemas que lo originaron, sino los problemas que se crearon después, como la confrontación de los maestros”, expresó Martínez Vázquez.

Los reclamos son muchos y en muchas direcciones, tal como lo expresó el pintor Francisco Toledo, un referente dentro de la vida política y cultural de Oaxaca, al asegurar que es necesario combatir la impunidad que se vivió durante el conflicto magisterial.

"Hay que hacer justicia a las viudas, abrir expedientes para determinar a los responsables. Los muertos ya están muertos y no se puede hacer otra cosa, pero creo que es importante que se haga justicia", indicó Toledo.

De la misma forma, el sistema educativo de Oaxaca está muy lejos de resolver sus problemas. Mientras la sección 22 del SNTE mantenía un prolongado paro de labores durante 2006, el gobierno estatal decidió crear la sección 59, con el fin de que los estudiantes regresaran a las aulas mientras se solucionaba el problema magisterial.

Sin embargo, una vez terminado el conflicto, las secciones 22 y 59 del SNTE iniciaron la confrontación por el control del sistema educativo en Oaxaca, lo cual generó un nuevo problema administrativo dentro del gobierno de Ulises Ruíz, ya que incluso, el Instituto Estatal de Educación Pública ha tenido que crear un nuevo aparato burocrático para atender a la nueva sección sindical.

Además, existe un problema más en cuanto a la validación de documentos oficiales por parte de las autoridades educativas, ya que durante el paro de labores, se crearon nuevas escuelas para que los estudiantes no perdieran el año escolar, aunque ahora, la sección 22 del SNTE no reconoce la emisión de certificados provenientes de la sección 59, lo cual ha generado la inconformidad entre los padres de familia y una crisis institucional que el gobierno no ha sido capaz de resolver y que crece paulatinamente, ya que los enfrentamientos entre ambos grupos se han agudizado.

En días recientes, la sección 59 del SNTE creó el Frente Organizado de Ciudadanos Oaxaqueños (FOCO) como un movimiento en efensa de la educación pública en Oaxaca y otras demandas de la ciudadanía, cuyos dirigentes amenazaron con boicotear las elecciones para presidentes municipales, mientras que la sección 22, que agrupa a un total de 70 mil trabajadores, emprendieron un paro de labores desde el lunes primero de octubre para ejercer presión sobre el gobierno estatal, para recuperar el control de las escuelas que mantiene su contraparte sindical. Mientras tanto, un millón 200 mil niños oaxaqueños continúan perdiendo clases.

Sin embargo, la violencia en diversas regiones del estado se ha convertido en la principal preocupación en el estado, ya que la aparición del Cartel del Golfo y su brazo armado, los Zetas, ha emprendido una lucha por adueñarse del control del territorio del Istmo de Tehuantepec, en donde se presentan los principales focos rojos para las autoridades, ya que se han registrado más de 20 levantones y 10 narcoejecuciones desde el mes de junio, siendo el municipio de Juchitán, donde se ha intensificado la violencia.

Esto ha provocado la intervencíón continua participación del ejército mexicano y la Policía Federal Preventiva en operativos de seguridad, ya que además de los problemas vinculados al narcotráfico, las autoridades han puesto especial atención en diversos puntos estratégicos en Oaxaca que podrían ser blanco de ataques por parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR), organización vinculada a la APPO según información de la Secretaría de Gobernación.

Así mismo, el secuestro se ha convertido en otro dolor de cabeza para las corporaciones policiacas, ya que en los últimos meses las cifras se han elevado considerablemente, siendo el caso del empresario gasolinero Nicolás Rushke, uno de los que más llamó la atención entre la prensa local, pese a que fue liberado el pasado 16 de agosto, luego de permanecer privado de su libertad por 10 días, tras ser abordado por un comando armado que exigió 10 millones de pesos como rescate.

Por otra parte, la economía de Oaxaca no ha podido restablecerse del impacto que tuvo la crisis social, siendo el sector turístico el más perjudicado, ya que además de las pérdidas que dejó el conflicto en la industria hotelera, el gobierno estatal y federal ha inyectado una cantidad importante de recursos para tratar de revertir la problemática.

“La mayoría de los hoteles siguen en términos de quiebra; cerraron más de 30 hoteles en Oaxaca, de los cuales sólo cinco han tenido que cerrar sus puertas definitivamente, ya que muchos han reabierto después del conflicto”, reconoció Sergio Andrés Bello, presidente de la Asociación de hoteles y moteles de Oaxaca, quien estimó que las pérdidas en la industria hotelera superan los mil millones de pesos luego de que perder cerca de 350 mil turistas tras el conflicto.

“A nivel hotelero estamos hablando arriba de los mil 500 millones de pesos. Perdimos casi 4 mil empleos directos y cerca de 10 o 12 mil de forma indirecta. Acabo de recibir la contestación del Consejo de Promoción Turística sobre las cifras que se han invertido en promoción, las cuales son 43 millones de pesos más otros tantos que ha puesto el gobierno estatal, sin contar con lo que se invirtió anteriormente. Estamos hablando fácilmente de entre 150 o 200 millones de pesos en todo el estado para poder despegar otra vez”, expresó Bello.